La noticia continúa explicando que "El día en que se conoció la sentencia, Blanco puso un fax a la Subdelegación del Gobierno en Cáceres pidiendo protección. Tenía miedo de que las agresiones que, presuntamente, viene sufriendo estos últimos cinco años (...)". Y es que la posición que esta vecina ha mantenido, le ha granjeado la enemistad de los habitantes del pueblo. Quienes consideran, en palabras de uno de ellos, que " el complejo beneficia a los bares, las tiendas y da trabajo (...) No pasa nada, no hace ningún daño". Justificando así las agresiones que esta vecina sufre, ya que "Esa mujer está empeñada en que por allí pasan aves, y por allí no pasa nada. Ha puesto el grito en el cielo, quizás demasiado alto, y en esas condiciones no puede tener a nadie del pueblo de su lado".
Tal vez alguien debería explicarle a este vecino que la designación de Lugar de Interés Comunitario (Lic) o de Zepa (Zona Especial de Protección para las Aves), ambas categorías de protección territorial a nivel europeo, son designadas a propuesta de los estados, quienes, a su vez, en el caso del Estado Español, las presentan según el criterio de las CC.AA. Siendo, por tanto, los gobiernos autonómicos quienes deben velar por su protección. Y no parece que, actuaciones como la de este macrocomplejo turístico, vayan, precisamente, en esa línea. Pero ¿quién debería explicárselo? Sin duda, la propia Administración, ya que los espacios protegidos se designaron según sus propuestas y, además, asumió su gestión y protección.
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/ecologista/gana/va/pueblo/elpepisoc/20110319elpepisoc_6/Tes
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